Negociaciones de último minuto y un cronograma apretado para convertir en ley la iniciativa antes del 1 de marzo. La CGT convocó a un paro general que le costará millones de pesos al país.
El presidente Javier Milei está cerca de lograr algo que ninguno de sus antecesores pudo conseguir en las últimas décadas, a pesar de que hubo intentos para hacerlo: una reforma laboral integral que modificaría con una sola ley varios aspectos del sistema actual. Sin embargo, en el camino comenzaron a surgir algunos imprevistos que el Gobierno intentará sortear esta semana, mientras crece el conflicto con la cúpula del gremialismo, que endureció su postura sobre este proyecto.
Recientemente, el Consejo Directivo de la CGT confirmó que llevará adelante un paro general de 24 horas -el cuarto contra la gestión libertaria- cuando la Cámara de Diputados trate la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado
Sin embargo, en la Casa Rosada miran con especial atención y hasta último momento la decisión que pueda llegar a tomar la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de la gran mayoría de líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Ese sindicato en particular ya no integra la conducción cegetista por diferencias con la elección del triunvirato y, además, suele no participar de estas medidas de fuerza y se muestra más conciliador.
Las autoridades nacionales consideran que este es un punto clave, ya que si la UTA finalmente no se suma al cese de actividades, muchas de las actividades funcionarían con normalidad y eso podría interpretarse como un respaldo de la población hacia la reforma.
“Tienen que hacer que pare el transporte, porque, de lo contrario, va a quedar en evidencia que los trabajadores no los apoyan”, señaló a Infobae una fuente del Poder Ejecutivo.
La última vez que la CGT convocó a un paro de estas características fue en abril del año pasado, en reclamo a mejoras en las jubilaciones y en contra de las políticas económicas.
En aquel momento, el gremio de los colectivos informó que se iba a adherir, pero finalmente no lo hizo luego de que la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Capital Humano, dictara la conciliación obligatoria.
De todas formas, según una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el costo económico del cese de actividades para el país fue de $208.497 millones, lo que equivalía a aproximadamente USD 194 millones.
Ahora, la UTA volvió a confirmar que se va a plegar a la protesta contra la reforma laboral, pero en Balcarce 50 no descartan que se pueda abrir una negociación y termine habiendo transporte ese día, por lo menos en lo que respecta a los micros.
Sucede que el resto de los medios de movilización también pararán, desde los trenes que son representados por la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
En el plano legislativo, uno de los conflictos que surgió en relación al proyecto que se está debatiendo en Diputados es el rechazo que se generó por parte de distintos sectores en torno al artículo 44 de esta iniciativa, que fue agregado a último momento durante la votación en el Senado y regula las licencias médicas por enfermedades o lesiones contraídas fuera del ámbito del trabajo.
Se trata de una idea impulsada principalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que prevé una reducción del salario del empleado en esos casos en lo que tiene que dejar de cumplir sus tareas para hacer reposo, con el objetivo de aliviar la carga del privado.
La medida generó polémica, ya que implicaba, según distintas interpretaciones del texto, que una persona que tiene que someterse a tratamientos oncológicos por padecer de cáncer iba a empezar a percibir el 75% de su sueldo, mientras que otra que se haya quebrado practicando deporte -por citar un ejemplo-, pasaría a percibir el 50 por ciento del mismo.
Ante esta situación, una de las principales referentes del oficialismo, Patricia Bullrich, anunció que el Poder Ejecutivo está estudiando una manera para que esta decisión no alcance a las afecciones “severas, degenerativas”, y siempre que sean “fehacientemente comprobables”.
Tal como precisó este medio, las propias autoridades nacionales reconocen que con este apartado cometieron “una de más”, pero la idea era tener una alternativa para evitar la demora de la sanción final del proyecto, algo que ya parece inevitable.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes del oficialismo a este medio, el texto tendrá cambios durante su tratamiento en Diputados, previsto para este jueves.
Al día siguiente, el viernes, Bullrich tendría que conseguir el dictamen para que, cumplida la semana reglamentaria, y sobre el filo del cierre de las extraordinarias, la norma sea votada en el Senado y se convierta en ley en el cierre de la semana que viene, el 27 de febrero.
Esto habría definido la ex ministra de Seguridad cuando visitó durante el feriado de este lunes a Milei en la Quinta de Olivos para conversar sobre las posibilidades que tienen a mano y lo que implicaría cada uno de los caminos.
La cuestión se seguirá discutiendo durante la próxima reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, que se llevará adelante esta semana -probablemente el miércoles- para terminar de definir una estrategia legislativa puntual.
Si bien el encuentro todavía no fue convocado formalmente, se espera que en las próximas horas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo organice junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Allí estarán también Bullrich, el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Este grupo terminaría de definir el futuro del proyecto, que el Gobierno quiere que se apruebe antes del comienzo del Periodo de sesiones ordinarias.
